Política de innovación

Nicolás Luco ha informado sobre la controversia que ha provocado en la comunidad científica la puesta en marcha de la política de innovación del Gobierno, que busca que se convierta en poderoso pilar del desarrollo.

Tiene repercusiones políticas, porque crea una poderosa agencia paraestatal, sin resolver su adecuada integración al resto del Estado y sin legitimación democrática. Manejará una gran cantidad de recursos provenientes del royalty a la gran minería, comenzando con más de nueve mil millones de pesos asignados al presupuesto de 2007, destinados a la creación de "centros científico-tecnológicos de excelencia", por un concurso que se abrió en estos días.

Este programa fue preparado sin la participación de las universidades y ahora se decide ponerlo en marcha a través de ellas, aunque de manera instrumental. El país ha desarrollado su política científica y tecnológica mediante las universidades, pero este programa pareciera querer desplazarlas a un segundo plano. Se dice que los científicos no pueden ser juez y parte en la asignación de los fondos de investigación. Esta es una premisa profundamente equivocada, porque significa hacer política sobre la base de la desconfianza, que precisamente obstruye el desarrollo; la autoridad tiene que combatir la desconfianza y no apoyarse en ella para hacer política. Con ese criterio no debiera intervenir el Ministerio de Hacienda en la política de la innovación o en la reforma previsional, porque es juez y parte: entrega los recursos y evalúa su uso.

El país no puede iniciar una ambiciosa política de innovación sin la participación de la comunidad científica, que es la que forma los profesionales que harán realidad este programa y hace la investigación sobre la cual se apoya el progreso del país.

La crisis del Transantiago demostró los riesgos y limitaciones de las transformaciones radicales, hechas sin la participación de los actores involucrados. Demostró, además, que las políticas públicas no pueden mirarse sólo desde una perspectiva de la ingeniería y la economía, sino que también desde las ciencias sociales y las humanidades. Si se hubiera aplicado un enfoque más amplio, considerando el comportamiento humano y las condicionantes sociales y culturales, no estaría en el pantano en que se encuentra.

Lo más conveniente para el país es detener la puesta en marcha de este concurso, para que llegue a un programa consensuado, altamente legitimado y de gran calidad, con la participación de las universidades y de la comunidad científica. El Transantiago no se detuvo porque había contratos firmados por el Gobierno con privados. Aquí no existe tal limitación.

[FUENTE: El Mercurio, Carlos Huneeus]