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    martes, 24 de julio de 2007

    ACTI Y UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO PROMUEVEN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

    Un convenio marco de cooperación suscribieron la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI y la U. Andrés Bello Viña del Mar, a través de la carrera de Ingeniería en Computación e Informática con el fin de promover diversas acciones para fomentar el emprendimiento y la innovación.

    La ACTI reúne a las 150 empresas más importantes del área informática en Chile y entre sus actividades está el desarrollo de la agenda digital del gobierno. En la Región de Valparaíso, dicha organización gremial está presente a través de ACTI-V Región, ubicada en el Edificio Tecnológico de la CORFO en Curauma.

    El acuerdo establece que la U. Andrés Bello estimulará la capacidad de desarrollar iniciativas entre sus alumnos y profesores, promoverá la labor de ACTI como patrocinador y operador de proyectos de emprendimiento que cumplan con los mecanismos de apoyo de la Corporación de Fomento e Innova Chile, entre otros.

    Por su parte, la Asociación de Empresas de Tecnología ofrecerá vacantes de manera preferente a los estudiantes de nuestra Universidad para prácticas profesionales en sus compañías asociadas, en las áreas de soporte técnico, administración de redes, desarrollo de software y proyectos informáticos.

    Se estipula además que ambas partes realizarán en conjunto actividades de orientación y entrenamiento. Asimismo, efectuarán difusión y análisis de experiencias exitosas y casos de uso en el campo de las tecnologías de información. El compromiso fue firmado por la Directora de la Escuela de Ingeniería Tecnológica de la U. Andrés Bello, Carolina Lagos y el Director del Nodo ACTI-V Región, Emilio Bustos, en un acto al cual asistieron también el Decano de la Facultad de Ingeniería, Cristian Millán y el director de la carrera de Ingeniería en Computación e Informática de Viña del Mar, Ignacio Andrada.

    [FUENTE: Chiletech]

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    Acuerdan cambios en programa de financiamiento basal de innovación

    Medida se resolvió en una reunión encabezada por los ministros de Educación y de Economía, junto a la presidenta de Conicyt, y el Consejo de Rectores.

    El Gobierno y el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores acordaron establecer cambios en el programa de financiamiento basal de innovación, luego de las críticas que habían manifestado las casas de estudios superiores.

    Según se indicó, el acuerdo permitió perfeccionar los instrumentos, esto se traduce en una flexibilidad administrativa que permite que las universidades se presenten con sus centros de investigación, sin necesidad de que éstos se constituyan como personalidades jurídicas distintas.

    El acuerdo se materializó al término de un encuentro entre los ministros de Educación, Yasna Provoste, y de Economía, Alejandro Ferreiro, junto a la presidenta de Conicyt, Vivian Heyl, y el Consejo Ejecutivo del Consejo de Rectores.

    La autoridad informó que los ajustes a las bases y al reglamento requieren tramitación en Contraloría, cambios que se harán a la brevedad, de modo que la comunidad científica interesada en postular a este programa lo puede hacer, pero con la flexibilidad que hoy se agrega.

    "Siempre es muy importante dialogar y alcanzar acuerdos. Eso es lo que ha animado el espíritu de nosotros como gobierno junto al ministro de Economía, la presidenta de CONICYT y el Comité Ejecutivo de las 25 universidades del Consejo de Rectores", dijo Provoste.

    En tanto, Ferreiro, enfatizó que “el acuerdo es esencial en cualquier política de innovación a largo plazo como que Chile quiere y por tanto, lo buscamos y lo hemos encontrado”.

    “No se puede hacer política de innovación sin las universidades, sin los empresarios, sin el gobierno, sin la oposición, sin los actores relevantes para un proyecto país. Esto es de largo plazo, la innovación no es de un gobierno y por tanto, no nos podemos contentar con intentar hacer algo que dure, lo que dure un gobierno”, recalcó.

    Debido al cambio en las bases y en el reglamento, deberán ser modificados y según lo expresado por el ministro de Economía “nuestra intención es que la extensión de los plazos sea la menor posible, de modo de poder trabajar con celeridad y lograr entonces que en el curso de este año se complete el proceso, se adjudiquen los concursos y se transfieran los recursos a los centros de investigación de excelencia, científica y tecnológica que se nos adjudiquen”.

    En tanto, el representante de las casas de estudios y rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, afirmó que “esto refleja una voluntad de ampliar los consensos, de tal manera que una política en ciencias e investigación e innovación sea trabajo de todos los actores relevantes y en ese sentido las universidades queremos participar activamente".

    "Creemos que este es el inicio de una nueva forma de relacionarnos como Consejo de Rectores con las autoridades de Gobierno para contribuir con nuestro conocimiento y nuestra experiencia a que las políticas de innovación de país sean exitosas”, manifestó.

    [FUENTE: El Mostrador]

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    Desacuerdo superado con Conicyt

    El Programa de Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos, anunciado por Conicyt en mayo pasado -que distribuye nueve mil millones de pesos del "royalty" minero-, motivó un tenso debate entre el Gobierno y el Consejo de Rectores, que reúne a las universidades que concentran el grueso de la investigación realizada en Chile.

    Molestó a los rectores que, según las bases del nuevo programa, quienes resultaren ganadores de estos fondos debían poseer una personalidad jurídica autónoma de las universidades.

    Así, un profesor que es docente e investigador de una universidad, para acceder a esos fondos -la mayoría de aquellos concursables en ciencia y tecnología siguen sujetos al sistema anterior, aún vigente- debería emigrar a un centro independiente, o la universidad tendría que constituir sus institutos como unidades con personalidad jurídica distinta de la propia. Esto planteaba problemas en cuanto a la naturaleza de la relación contractual entre ese investigador y la universidad, a la propiedad del aporte científico y a su patente comercial y -algo esencial- a si es conveniente que en una universidad los investigadores se desvinculen de las tareas docentes, pudiendo ello dar lugar a una "docencia rutinaria y mediocre".

    También inquietaba a las universidades que este programa emanara del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, en el cual, hasta ahora, los rectores no tenían participación, y que pasa así a tener, sobre todo frente al Conicyt, una importancia nueva en la fijación de las políticas públicas en esta área. Los miembros del Consejo de Rectores amenazaron con restarse a postular a este concurso mientras no se modificaran las bases.

    El programa en debate parecía partir del supuesto de que la estructura jurídico-administrativa que gestiona la investigación en ciencia y tecnología no es neutra al evaluar los rendimientos y estimular la innovación. Esto despertó interrogantes: ¿Hay un diagnóstico no explícito de falta de transparencia y rendimiento en la distribución actual de los fondos públicos en esta área? ¿Cuál es la real calidad de la investigación científica que se realiza en Chile, y en qué medida favorece al país? ¿Estiman las autoridades que la investigación realizada en las universidades está sujeta a alguna distorsión o falta de eficiencia? Si era así, correspondía hacer públicas esas prevenciones.

    La nueva política quiere promover la diversidad y la competencia de las organizaciones en el sistema, fortaleciendo los centros independientes en ciencia y tecnología. Este propósito es indisputable, pero parece lógico que los fondos concursables estén abiertos a cualquier clase de entidad, sin que su forma de organización jurídica sea relevante.

    Afortunadamente, los ministros de Economía y Educación, el Consejo de Rectores y Conicyt llegaron a acuerdo el pasado viernes, y, tras modificarse las bases y prorrogarse los plazos, el Concurso de Financiamiento Basal no exigirá personalidad jurídica propia a los centros de las universidades para postular.

    El ministro Ferreiro señaló, con acierto, que "no se puede hacer política de innovación sin las universidades, sin los empresarios, sin el Gobierno, sin la oposición... La innovación no es de un Gobierno... Las estrategias de largo plazo requieren apoyos transversales, la participación de todos, los consensos de todos, la convicción de todos... Ésta es la necesidad de buscar acuerdos para impulsar una política nacional de innovación". En ese predicamento, es posible esperar resultados útiles para el país.

    [FUENTE: El Mercurio]

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    Reactivan Consejo para la Innovación Agraria

    Para unir la visión y el aporte empresarial y el académico con la labor gubernamental en materias de innovación y desarrollo tecnológico, el ministro Álvaro Rojas relanzará este miércoles el Consejo para la Innovación Agraria.

    Una de sus tareas será aportar en el diseño de políticas que fomenten el uso de la biotecnología en el sector. Lo integran, entre otros, Rafael Vicuña, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC; Danilo González, académico de la Universidad de Talca; Antonio Walter, de Agropecuaria Wapri; Francisco Sepúlveda, del Centro de Estudios Científicos CEC; Andrés Santa Cruz, de Codesser; Juan Asenjo, de la Universidad de Chile; y Pablo Valenzuela, de la Fundación Ciencia para la Vida. La secretaría ejecutiva del organismo recaerá en el FIA.

    [FUENTE: El Mercurio, Breves del Campo]

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