Desacuerdo superado con Conicyt

El Programa de Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos, anunciado por Conicyt en mayo pasado -que distribuye nueve mil millones de pesos del "royalty" minero-, motivó un tenso debate entre el Gobierno y el Consejo de Rectores, que reúne a las universidades que concentran el grueso de la investigación realizada en Chile.

Molestó a los rectores que, según las bases del nuevo programa, quienes resultaren ganadores de estos fondos debían poseer una personalidad jurídica autónoma de las universidades.

Así, un profesor que es docente e investigador de una universidad, para acceder a esos fondos -la mayoría de aquellos concursables en ciencia y tecnología siguen sujetos al sistema anterior, aún vigente- debería emigrar a un centro independiente, o la universidad tendría que constituir sus institutos como unidades con personalidad jurídica distinta de la propia. Esto planteaba problemas en cuanto a la naturaleza de la relación contractual entre ese investigador y la universidad, a la propiedad del aporte científico y a su patente comercial y -algo esencial- a si es conveniente que en una universidad los investigadores se desvinculen de las tareas docentes, pudiendo ello dar lugar a una "docencia rutinaria y mediocre".

También inquietaba a las universidades que este programa emanara del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, en el cual, hasta ahora, los rectores no tenían participación, y que pasa así a tener, sobre todo frente al Conicyt, una importancia nueva en la fijación de las políticas públicas en esta área. Los miembros del Consejo de Rectores amenazaron con restarse a postular a este concurso mientras no se modificaran las bases.

El programa en debate parecía partir del supuesto de que la estructura jurídico-administrativa que gestiona la investigación en ciencia y tecnología no es neutra al evaluar los rendimientos y estimular la innovación. Esto despertó interrogantes: ¿Hay un diagnóstico no explícito de falta de transparencia y rendimiento en la distribución actual de los fondos públicos en esta área? ¿Cuál es la real calidad de la investigación científica que se realiza en Chile, y en qué medida favorece al país? ¿Estiman las autoridades que la investigación realizada en las universidades está sujeta a alguna distorsión o falta de eficiencia? Si era así, correspondía hacer públicas esas prevenciones.

La nueva política quiere promover la diversidad y la competencia de las organizaciones en el sistema, fortaleciendo los centros independientes en ciencia y tecnología. Este propósito es indisputable, pero parece lógico que los fondos concursables estén abiertos a cualquier clase de entidad, sin que su forma de organización jurídica sea relevante.

Afortunadamente, los ministros de Economía y Educación, el Consejo de Rectores y Conicyt llegaron a acuerdo el pasado viernes, y, tras modificarse las bases y prorrogarse los plazos, el Concurso de Financiamiento Basal no exigirá personalidad jurídica propia a los centros de las universidades para postular.

El ministro Ferreiro señaló, con acierto, que "no se puede hacer política de innovación sin las universidades, sin los empresarios, sin el Gobierno, sin la oposición... La innovación no es de un Gobierno... Las estrategias de largo plazo requieren apoyos transversales, la participación de todos, los consensos de todos, la convicción de todos... Ésta es la necesidad de buscar acuerdos para impulsar una política nacional de innovación". En ese predicamento, es posible esperar resultados útiles para el país.

[FUENTE: El Mercurio]