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    domingo, 4 de marzo de 2007

    OPINIÓN: El país mantiene su rumbo

    El primer año de gobierno muestra un balance positivo, en especial si se consideran en forma integrada variables políticas, sociales y económicas. El país mantiene su rumbo, se han sorteado con éxito las adversidades y se instala una agenda de reformas que nos acerca al desarrollo.

    Políticamente no ha sido un año fácil. El Gobierno tuvo un costo de instalación mayor que sus antecesores, producto del cambio en el tipo de liderazgo presidencial y de la nueva forma de relación entre la autoridad y la gente. A ello se suma la pérdida de capacidad de mediación de las demandas ciudadanas por parte los partidos políticos, acentuando la tendencia a visiones de corto plazo, el natural desgaste de la Concertación y la necesidad de renovar su ideario.

    En lo social, las iniciativas apuntaron a mejorar la red protección social como respuesta a un mundo cada vez más incierto. Una tarea difícil si se quiere evitar las ineficiencias del tradicional Estado de Bienestar. Se sumó a esta complejidad el auge del cobre, que generó una inflación de expectativas sociales que se enfrentaban al compromiso de prudencia del Gobierno.

    Por su parte, la economía experimentó en forma inesperada el término de un miniciclo de expansión de la demanda interna, principalmente por el alza en los combustibles y la disminución del impulso monetario que había sido amplificado con las renegociaciones de deuda en el 2004 y 2005.

    Estos hechos sirvieron para alimentar todo tipo de proyecciones pesimistas. Sin embargo, las instituciones funcionan normalmente, los fundamentos de la economía están sanos, los esquemas de las políticas se han perfeccionado, las perspectivas de inversión son favorables y el crecimiento esperado para éste y el próximo año está en línea con el crecimiento de tendencia del país.

    Basada en un diagnóstico acertado, la agenda 2007 está más orientada a imprimir velocidad en el camino al desarrollo. Al respecto, la principal restricción está dada por la capacidad de manejar procesos políticos complejos a través de políticas que tengan un horizonte más allá del período de un gobierno. En las condiciones actuales, esto requiere abordar los déficit en infraestructura física y digital, las insuficiencias en capital humano, la escasa capacidad de innovación, la modernización del Estado y los riesgos en energía.

    En cada una de estas áreas se han dado pasos concretos que comparten el principio de que los aumentos de productividad que nos llevarán al desarrollo requieren el despliegue integrado de las capacidades productivas, buenas políticas e instituciones sólidas.

    [FUENTE: El Mercurio, Jorge Marshall]

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