Protección a la propiedad intelectual

El nuevo equipo económico, con un articulador político experimentado, como lo es el ministro Viera-Gallo, debería reponer a Chile en las posiciones de avanzada que ocupó en la década 1986-1997. Así lo exigen los problemas energéticos, la realizable aspiración a constituirse en plataforma internacional de negocios, la necesidad de no quedarse cada vez más atrás en tecnología e innovación. Un requisito para todo eso es el firme reconocimiento de los derechos de propiedad como condición para el desarrollo. Esta idea se ha ido extendiendo cada vez más en el mundo en los últimos años -China, en estos mismos días, es el caso más espectacular-, dados los notorios fracasos de la planificación central, la propiedad estatal y la regulación y control de los mercados.

El enfoque mecánico-estadístico, que explica el crecimiento sólo por la acumulación de capital y trabajo, el cambio tecnológico o el gasto en educación, investigación y desarrollo, progresivamente se ha ido complementando con otro que pone el énfasis en instituciones como el derecho de propiedad, la estabilidad, el cumplimiento de los contratos y la libertad de precios e intercambio, incluido el internacional. Los países que han logrado el desarrollo son los que han conseguido poner en práctica estos elementos. Por el contrario, caracteriza a los subdesarrollados la ausencia de ellos y la inestabilidad política, con guerras intestinas y gobernantes totalitarios.

De allí el interés de un reciente informe del centro de estudios "Property Rights Alliance", de EE.UU., que, al considerar un universo de 70 países, ubicó a Chile en el lugar 23. Éste aparece bien evaluado en el respeto por los derechos de la propiedad física y en el entorno legal y político. Por el contrario, en relación con la propiedad intelectual, la calificación ubica al país en el lugar 31.

Según Libertad y Desarrollo -organismo nacional que participa en este estudio-, la piratería es la mayor deficiencia del país, seguida por una independencia judicial sólo relativa. En cambio, la propiedad física aparece bien resguardada por la Constitución y las exigentes condiciones de expropiación vigentes -aunque esta garantía fue parcialmente perjudicada por el royalty a la minería, que abrió un mal camino para nuestro país y su economía.

La mala evaluación en propiedad intelectual está creando problemas que pueden afectar nuestro crecimiento y capacidad de competir con las economías emergentes. La baja protección de las patentes y la piratería fueron denunciadas hace poco por EE.UU., al poner a Chile en la denominada "lista roja". El sector privado ha planteado fórmulas de solución, que, según declaran sus personeros del área, no han sido consideradas por el Gobierno. Éste contempla, sin embargo, "una batería de proyectos" para sacar al país de la referida lista. Las elevadas cifras de comercio ilegal hacen urgente contar con sistemas más eficientes de fiscalización y, en especial, con un compromiso mayor de las autoridades con este tema.

[FUENTE: El Mercurio]