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    sábado, 21 de abril de 2007

    Administrar eficientemente la abundancia. Evitar asumir riesgos y asilarse en la "comodidad" de guardar tiene un alto costo país

    Los economistas hemos sido entrenados para administrar la escasez. Lo primero que nos enseñan es que el "problema económico" consiste en asignar medios escasos y de uso alternativo a fines múltiples y jerarquizables.

    No es raro, entonces, que enfrentados a un escenario de abundancia la respuesta más frecuente sea: esta es una situación transitoria y, por tanto, lo más prudente es "hacer como que no existiera" (ahorrar para evitar que se gaste mal), a la espera de que todo vuelva a ser normal y reine la escasez.


    Esta es exactamente la forma en que la inmensa mayoría de mis colegas reaccionaron frente al aumento de los ingresos fiscales, consecuencia del ciclo de altos precios del cobre, iniciado en el año 2004 y que parece nos acompañará por un buen tiempo más. Inicialmente, la actitud fue: cuidado con entusiasmarse y comprometer gasto porque ello no sería sostenible, ya que más temprano que tarde el precio caería abruptamente. Cuando el precio siguió subiendo y alcanzó niveles récord y se empezaron a acumular cuantiosos excedentes, la reacción fue apresurarse a prepagar el máximo de deuda posible. A continuación vino la Ley de Responsabilidad Fiscal y hoy el fisco tiene ahorros en el exterior por cerca de 10 mil millones de dólares. Esta cifra podría duplicarse hacia fines del año 2007 si el precio del cobre se mantiene cerca de sus niveles actuales por lo que resta del año, como es altamente probable que ocurra.

    Nadie discute que guardar en tiempos de vacas gordas, para aliviar las penurias que suelen acompañar los tiempos de vacas flacas, es sensato y responsable. Pero, ¿es sensato y responsable que un país en que todavía cerca del 20% de la población vive en la pobreza y que muestra serios déficit en la calidad de la educación que brinda a sus niños y jóvenes, en innovación y desarrollo tecnológico, en infraestructura y funcionamiento del Estado, no aproveche su excelente posición patrimonial para abordar, con seriedad y visión de futuro, la superación de estos déficit?

    Asistimos a una paradoja, para muchos, con razón, inexplicable. Durante largo rato hemos hecho las cosas bien; para muchos aún somos el modelo a imitar. ¿Por qué, entonces, a partir de fines de los años 90, hemos perdido terreno respecto de otros países emergentes exitosos? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué, existiendo importantes necesidades insatisfechas y disponiendo como país de los fondos o el financiamiento requerido y de un vasto contingente de personas calificadas en diferentes ámbitos, no somos capaces de impulsar un gran esfuerzo de inversión, focalizado en proyectos de alto impacto en competitividad país?

    La respuesta de "los entendidos" enfatiza la desconfianza en la capacidad del Estado para gastar eficientemente y la pérdida de competitividad que el aumento del gasto produciría. Esta pérdida de competitividad sería consecuencia de la apreciación del peso y las presiones inflacionarias que inevitablemente se generarían como consecuencia del mayor gasto. Es efectivo que un aumento significativo del gasto puede generar los efectos aludidos; lo que no es efectivo es que dichos efectos no puedan ser neutralizados o compensados por formas distintas de aprobar y ejecutar el gasto y medidas complementarias orientadas a aumentar la competitividad. Diseñar y proponer cambios institucionales y medidas compensatorias debiera ser una preocupación central de todo economista con interés o vocación por la "cosa pública", ya que no se necesita ser un especialista para darse cuenta de que en el país existen alternativas de inversión sustancialmente más rentables que mantener los fondos en depósitos o bonos de largo plazo en el exterior. Evitar asumir riesgos y asilarse en la "comodidad" de guardar tiene un alto costo país.

    Lo que está en juego es muy importante. Nada menos que aprovechar esta coyuntura para dar el gran salto que nos permita derrotar definitivamente la pobreza y ofrecer oportunidades efectivas de progreso a quienes más la necesitan. Los economistas tenemos la responsabilidad de analizar y evaluar las distintas opciones posibles, identificando los riesgos y los factores críticos que pueden condicionar el éxito. Pero la decisión de cuál opción elegir es una decisión política.

    [FUENTE: Juan Villarzú]

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